Han pasado nueve años desde que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cortó la cinta de la primera farmacia popular del país. Ahora, este mismo proyecto lo ha hecho rendir cuentas ante la justicia.
La historia de las ya conocidas farmacias populares se remonta al 2015. En ese momento, el alcalde convirtió la iniciativa en propia, una medida que fue aplaudida por muchos vecinos de su comuna.
Más tarde, el político, que hoy es investigado por el Ministerio Público, se volvió presidente del directorio de la Asociación de Farmacias Populares.
Por esos años, señalaba que “esto nos iba a permitir traer medicamentos genéricos y bioequivalentes innovadores a precios más baratos“.
¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Jadue?
Sin embargo, siete años después, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), entró en quiebra, teniendo una deuda de más de $1.200 millones.
En este contexto, hoy en día, la máxima autoridad de Recoleta es investigada por cinco delitos, en el marco de una formalización que comenzó el miércoles 29 de mayo.
Estafa
El primero de ellos es por estafa. De hecho, una querella por este delito fue la que dio inicio a la indagatoria en su contra en 2021.
En concreto, la empresa Best Quality aseguró que varios contratos con la Asociación de Farmacias Populares por la entrega de insumos y alcohol gel no fueron pagados, lo que los habría llevado a la quiebra.
Cohecho
El segundo delito es por cohecho. En este caso, un trabajador de Best Quality se autodenunció en 2021 señalando que Jadue le habría solicitado una supuesta donación a cambio de nuevos contratos.
El trabajador presentó como prueba de esta presunta coima, una fotografía de un chat de WhatsApp y unas imágenes acompañado de la autoridad comunal.
Fraude al fisco
El siguiente delito imputado es por fraude al fisco. La Asociación de Farmacias Populares funcionó con aportes de dineros municipales, los que habrían sido utilizados para comprar medicamentos en medio de la pandemia y que no estaban autorizados por el Instituto de Salud Pública (ISP).
El abogado de Best Quality, Mario Vargas, indicó que “no sabemos dónde están esos productos y el dinero. Aparentemnete, la mayoría de esos productos no llegó a quien tenía que llegar y eso produce el fraude al fisco“.
Administración desleal
El Ministerio Público también imputó el delito de administración desleal, considerando que miles de mascarillas adquiridas por la Achifarp, sin la autorización de los municipios socios, se habrían comprado y vendido de manera irregular y Jadue, supuestamente, tuvo conocimiento de estas operaciones.
Según indica la investigación, el dinero sirvió, presuntamente, para que los vendedores ganaran millonarias comisiones.
Delito concursal
El último delito que se le imputa al alcalde Jadue es el de delito concursal y guarda relación con que fue denunciado en diciembre del año pasado por el abogado liquidador de la Asociación de Farmacias Populares por haber ocultado una serie de bienes al momento de la incautación, avaluados en casi $100 millones.
¿Jadue es el único imputado?
A partir del miércoles 29 de mayo y después de tres años de diligencias, el alcalde fue formalizado por la justicia, pero no fue el único, ya que otros siete imputados también formaron parte del proceso.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte como querellante y le imputó al excandidato presidencial los delitos de cohecho y fraude al fisco. Por otra parte, el Ministerio Público pretende solicitar la prisión preventiva.
La defensa del alcalde
Ante esta situación, Jadue realizó un video en el que descartó ser culpable de los delitos: “¿Alguien en su sano juicio puede esperar que yo, un alcalde elegido democráticamente por amplia mayoría en tres ocasiones, eche por la borda una impecable gestión de todo un equipo municipal?“.
“Esta formalización, habiendo podido ser hace años, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en las que les aseguró que saldre totalmente inocente“, agregó.
El abogado Mario Vargas, de Best Quality, fue enfático en señalar que “la cantidad (de delitos) y la gravedad, hace plausible plantearse una pena de 5 años y 1 día“.
“Eso pudiese incentivar el peligro de fuga. Para precaver la fuga de una persona o el peligro para la seguridad de la sociedad que representa, a través de todas estas acciones ilícitas, pudiese darse la posibilidad de una prisión preventiva”, remarcó.
Este jueves 30 de marzo continúa la formalización del alcalde Jadue, que tiene en suspenso su futuro político y judicial.
Radio Acogida FM