La alcaldesa María Luisa Ojeda, indicó que comenzarán a aplicar multas y cortes por el impago de muchos usuarios, lo que afecta negativamente a toda la comunidad, pues la mayor parte de los recursos se destina a mantener el sistema sanitario, que es de propiedad municipal. No descartó, en el futuro, la posibilidad de entregarlo en concesión.
La administración municipal de Puerto Octay se encuentra evaluando nuevas estrategias para reducir la morosidad en el pago del servicio de agua potable de la comuna que alcanza un monto de alrededor de 300 millones de pesos.
Sobre esta realidad, la alcaldesa María Elena Ojeda, explicó que, ante las dificultades que enfrenta el municipio para mantener el funcionamiento de la planta, se están evaluando distintas alternativas que permitan hacer sostenible el sistema.
“Cuando uno tiene el rol de alcaldesa y ve las cifras de cuánto inyectamos para que el sistema funcione, veo que gasto 300 millones y tengo 20 millones de ingresos. Este es un tema que se viene arrastrando por años y, cuando nosotros iniciamos en la primera administración, logramos cambiar la idea de decirle a la gente que no se les cobraría el servicio hasta que les dieran un servicio como corresponde. Efectivamente, estábamos el equipo completo comprometidos con eso. Pero cuando uno vuelve y se encuentra con que el sistema no ha cambiado, sino que, por el contrario, retrocedió, uno se pregunta cuándo vamos a salir de este círculo que no nos permite ver la luz”, manifestó.
La alcaldesa detalló que Puerto Octay es una comuna muy grande, con un 70% de ruralidad y situaciones críticas en distintos puntos, por lo que es inviable mantener un presupuesto que se orienta principalmente a mantener funcionando la entrega de agua.
Para ello, incluso ha mantenido conversaciones con la empresa sanitaria Suralis para consultar cuáles son las posibilidades reales de contar con un sistema bajo esa administración.
Pero lo inmediato para el municipio es, más bien, cómo hacer que el sistema se fortalezca, para que sea rentable y funcione bien, ya que toda la inversión realizada no ha sido suficiente, pues hay sectores donde no llega bien el agua. Lo más problemático es que una gran parte de la población no paga sus cuentas.
“La realidad es que, si quisiéramos concesionar el agua, pasarían más o menos 20 años, porque hoy no somos de interés, hay mucho por hacer todavía. Estamos con un presupuesto bastante mínimo, estamos gastando en agua, hay observaciones de la parte de control y uno se pregunta cómo hacer para que sea más eficiente. La concesión es solo una de las soluciones que podríamos evaluar”, indicó.
Por otra parte, la jefa comunal señaló que el Concejo ya aprobó una nueva reglamentación que implica no solo cobrar por el uso del servicio, sino también aplicar multas y cortes en caso de no cancelar la boleta. “Eso también implica una inversión para que esto se pueda hacer. Tenemos un buen caudal, pero hay que cuidarlo”, dijo.
La jefa comunal añadió que esta operación implica efectuar un orden exhaustivo y que, con ello, se irían cobrando las deudas que datan de hasta unos tres años atrás.
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