Actualmente, hay 1.743 internos, superando los 1.700 que era el promedio histórico. El superávit de internos en el penal porteño activa cláusulas de concesión costosas para el fisco.
El Complejo Penitenciario de Puerto Montt, ubicado en el sector Alto Bonito y que opera bajo un modelo de concesión, se encuentra por primera vez en sus 18 años de funcionamiento con una población que supera el 100% de su capacidad total con 1.743 internos, tras mantenerse históricamente entre 1.700 y 1.720 reclusos.
Esta situación no sólo genera un riesgo latente de desórdenes y un manejo complejo para Gendarmería, sino que tiene una consecuencia directa para las arcas fiscales. De acuerdo con la legislación de concesiones carcelarias, el Estado debe pagar una multa a la empresa concesionaria cuando se supera el límite legal de ocupación.
Los dirigentes de las distintas asociaciones de Gendarmería de Chile han alzado la voz, señalando que el aumento exponencial de la población penal no ha ido de la mano con la dotación de personal ni con el equipamiento adecuado, especialmente si se habla de sobrepoblación penal.
Aldo Gallardo, presidente provincial de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), destacó la dificultad del manejo diario: “Hay una sobrepoblación, es efectivo. Cada vez hay más infractores de ley, insuficientes funcionarios y escaso equipamiento, lo cual es una materia preocupante… la demanda histórica es la falta de personal y de elementos de seguridad, lo que dificulta el manejo diario de los funcionarios en el interior de las cárceles”.
Gallardo advirtió que, aunque el personal se esfuerza por mantener la tranquilidad, la tensión es alta, y el riesgo de que los conflictos entre pandillas provoquen “desórdenes masivos en la cárcel” es constante.
Desde la óptica de los oficiales, Claudio Hugo, representante regional de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop), subrayó la precariedad del servicio, calificándolos como los “hermanos pobres” del Estado: “Hay un aumento de sobrepoblación, y aún así se hace el trabajo… Gendarmería se ha visto mermada de ciertos recursos; se entregan insumos, pero siempre hay una necesidad, tanto de personal como de infraestructura”.
A esto se suma la preocupación por las instalaciones obsoletas. Juan Imio, presidente regional de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen), también se refirió a la situación de Puerto Montt y la calificó como “compleja”, porque al ser una cárcel concesionada, “el Estado debe pagar una multa por esa sobrepoblación”.
La crisis de sobrepoblación ha generado una fuerte reacción de las autoridades locales y parlamentarias, quienes responsabilizan directamente al Ministerio de Justicia por la falta de medidas estructurales.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, vinculó directamente el colapso de Alto Bonito con la seguridad de la ciudad: “Si los recintos están colapsados, no hay lugar justamente donde llevar a todas aquellas personas que están siendo objeto de detención día a día… la verdad es que de nada sirven los esfuerzos que nosotros estamos realizando en materia de seguridad”.
Wainraihgt criticó que su municipio haya tenido que ir “más allá de nuestras fronteras”, donando un dron a Gendarmería para el control perimetral, mientras el Gobierno no demuestra la misma urgencia, concluyendo que “el Ejecutivo saliente no hizo nada en materia de seguridad, era un discurso bonito… pero con un muy mal resultado”.
Desde el ámbito legislativo, los diputados de la región exigieron una intervención inmediata, cuestionando las condiciones laborales de Gendarmería y la inacción respecto a la infraestructura.
Sitio:Soychile.cl
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