En el libelo, se explica que “el mecanismo” para desviar fondos públicos hacia distintas organizaciones habría surgido en 2022 en la ciudad de Frutillar.
A través del abogado Sergio Coronado, el senador PS, Fidel Espinoza, solicitó al Juzgado de Garantía de Puerto Montt, ampliar la querella que interpuso el pasado 5 de agosto por los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y prevaricación administrativa, en el marco del Caso Convenio en la Región de Los Lagos.La presente acción legal busca incluir en la investigación al ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez y a todos aquellos que resulten responsables, solicitando al juez de Garantía, admitirla a tramitación y disponer que se envíen los antecedentes expuestos al Ministerio Público.Entre ellos, se indica que “la maquinaria destinada a defraudar las arcas fiscales”, habría tenido su origen el 9 de agosto del año 2022, en la ciudad de Frutillar, cuando el Presidente de la República, Gabriel Boric, mientras participaba de un foro para la descentralización, realizó un anuncio para transferir a las regiones atribuciones sobre más de 40 programas e instrumentos en los ámbitos de desarrollo productivo, desarrollo cultural y social y ordenamiento territorial.
Finalmente, se cuestiona que dicho anuncio derivó en modificaciones de ciertas glosas de la Ley de Presupuesto 2023 y la neutralización de facto, del mecanismo interno de control del gasto fiscal por parte del Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno.Por todo lo anterior, se solicitó al Juzgado de Garantía de Puerto Montt que despache una orden amplia de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile.
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