Se suplantó la identidad a un médico de la ciudad de Los Andes. Cuatro personas están en prisión preventiva por esta causa.
Una investigación a la notaría de Puerto Montt donde se realizaron los trámites para el traspaso de un automóvil Audi Q8, adquirido mediante un préstamo de $40 millones, fue solicitada por la abogada querellante en la causa que reveló una suplantación de identidad para comprar vehículos de alta gama diario El Llanquihue.
El caso, formalizado el 8 de agosto en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt por la fiscal Karen Rosas, mantiene en prisión preventiva a dos propietarios de la Automotora del Sur, a un ejecutivo de la concesionaria Difor y a otro del Banco Santander. Un quinto imputado, quien sería el intermediario, permanece con arresto domiciliario.
Ayer, la abogada Josefa Astorga, en representación de la víctima, el médico de Los Andes, Fernando Astorga, señaló que la acción penal solicita indagar a la notaría donde se efectuaron los trámites.
“A él se le suplantó la identidad y, con ello, estos delincuentes, haciéndose pasar por él, pidieron el crédito en el banco. Identificamos al dueño del Audi, quien también presentó una querella, y he estado en contacto con su abogado. Ambas víctimas tienen interés en que se aclare el delito”.
A juicio de la penalista, las notarías deben verificar la identidad de las personas que están realizando un trámite y de quienes reciben la documentación, “y el notario debe dar fe de que la persona que está solicitando el trámite es la persona que tiene el documento”.
Para la abogada, falló un mecanismo de seguridad que fue vulnerado. “Él (la víctima) nunca dejó certificada su firma en la notaría en Puerto Montt, esto se debería investigar y en la querella mencionamos a la notaría como sujeto de investigación. La Fiscalía tiene que hacer la investigación de todos los funcionarios y el notario”, comentó.
En su opinión, se trata de delitos que afectan el patrimonio de la persona “y ponen en tela de juicio la seguridad jurídica de nuestro sistema en todo ámbito, incluso el de las notarías”.
De acuerdo con la abogada, todo comenzó cuando su representado extravió su cédula de identidad. “Con los datos de la cédula le vulneraron su Clave Única y lograron adquirir una firma electrónica avanzada; con ello firmaron el pagaré para la compra del automóvil. Es un método delictivo muy novedoso y que requiere de mucha experticia”.
Explicó que quienes cometieron este delito tienen la capacidad de vulnerar los mecanismos de los proveedores de la firma electrónica avanzada, “cuyo sistema tiene muchas complicaciones. Por ejemplo, en el Registro Civil se hacen preguntas confidenciales, que normalmente son cinco o seis, y una vez que se pasan estos controles, recién se obtiene la firma avanzada. Qué mecanismos de información y a qué sistemas pudieron acceder para tener toda esta información de mi representado es lo que hay que averiguar, porque por lo que uno puede observar, no es tan simple llegar a cometer este delito”.
Agregó que la firma electrónica avanzada es el equivalente en la tramitación en papel a una escritura pública, pues acredita que la persona que dice ser, es, y certifica el día y la hora en que se realiza el acto o trámite.
“La ley dice que hace plena prueba de lo que allí se dice y por ello es tan importante que se aclare esta arista penal. Una vez que se aclare, podré empezar a solucionar el problema del pagaré, porque tiene plena vigencia, aunque sea un acto fraudulento”. Un punto relevante que dio a conocer la abogada es el que tiene relación con la querella. “Nos tomó dos meses analizar toda esta situación, darle vuelta al tipo de delito al que estábamos enfrentados y demoramos más de 60 días con la colaboración de un ingeniero informático que nos ayudó a analizar todo lo que había pasado”.
Josefa Astorga destacó la labor que ha realizado la Fiscalía de Puerto Montt. “Muchas veces se critica que no ponen el énfasis en las diligencias, pero han actuado con eficiencia y a tal punto que lograron la prisión preventiva para los imputados. Su actuación es positiva”, aseguró.
La investigación por tres casos se lleva adelante desde enero de este año y está a cargo del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros de Puerto Montt. La fiscal Karen Rosas formalizó la investigación por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y estafa. La causa es reservada y el Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva para cuatro personas. Se dispuso un plazo de 50 días para cerrar la indagatoria.
Sitio:Soychile.cl
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