Una demanda de nulidad de derecho público, fue ingresada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la empresa Pasmar, esto en relación al conflicto que mantiene la firma con el Servicio de Vivienda y Urbanismo por la expropiación de terrenos para la interconexión vial Puerto Montt-Alerce.
Según se informó este martes la causa está en proceso de apelación por parte del Serviu, ante lo que esperan un veredicto “que permita la ejecución de los dos puentes que completan la interconexión vial Alerce-Puerto Montt”.
Isabel de la Vega definió que como directora regional del Serviu “tengo el deber, y como funcionaria pública lo hago con mucho orgullo, de velar por los intereses del Estado y por el interés de las familias de Alerce y La Vara, no el de un privado. Mi rol es trabajar por los intereses del Estado y de la comunidad”.
Agregó que el compromiso del Serviu es avanzar con la actual etapa en ejecución, con lo que “vamos a generar al menos la conectividad con la ruta Alerce-Puerto Montt, no de la forma que estaba proyectada originalmente, pero tendremos mejor conectividad”.
El diputado Jaime Sáez consideró que “tenemos una dificultad importante con Pasmar, de quien no hay dudas de que son un aporte para Puerto Montt. Como empresa tienen una responsabilidad mayor. Entonces, la pregunta que les planteo es si seguirán siendo un aporte a la comunidad o continuarán con la postura obstaculizadora que han tenido hasta ahora, en que como un vecino medio taimado al que no le gusta algo y decide joderse a la comunidad completa”.
El legislador por el Distrito 26 dijo esperar “que la empresa recapacite y permita que el proyecto público, que tanto esfuerzo, recursos y tiempo ha costado, sea una realidad y permita mejorar la conectividad y calidad de vida de Puerto Montt, Alerce, La Vara, Puerto Varas y tantos otros sectores que se ven beneficiados con él”. Frente a los dichos de la directora regional del Serviu, Cristián Pérez, gerente legal de Pasmar, recordó que se trata de un proyecto “deficiente, diseñado hace más de diez años, con una realidad poblacional de Alerce muy distinta a la actual”.
Añadió que la propuesta de vía elevada es sobre un terraplén, “solución arquitectónica que ya no se utiliza en zonas urbanas, hace varios años”.
Por ello planteó que “no es que sólo se esté velando por el interés particular, como sostiene el Serviu, sino que se pide se cumpla con lo comprometido por la autoridad en orden a proveer a los vecinos de Alerce de una ruta digna, acorde a una ciudad más humana, como el propio programa estatal lo dice, con el mismo estándar de otras ciudades del país, para lo cual incluso Pasmar se ha mostrado dispuesta a realizar sacrificios económicos”.
Pérez dijo esperar ser recibidos por el Serviu, “ya que siempre hemos estado dispuestos a conversar, sin querer imponer nuestro proyecto, y explorar distintas soluciones pensando en el bien común y en particular de los vecinos. Pero a la fecha nos han negado la posibilidad de reunirnos”.
En cuanto a las críticas del diputado Sáez, el ejecutivo de Pasmar comentó que “probablemente le falta información”. El gerente legal de Pasmar añadió que “no parece correcto usar calificativos para juzgar a quien hace el legítimo uso de su garantía fundamental de acudir a los tribunales cuando ve lesionado su derecho”.
Apuntó que “como diputado, (Sáez) debiese ser el primero en defender su ejercicio. Si revisara los antecedentes, se podría percatar que estamos frente a un procedimiento expropiatorio con deficiencias, tal como el propio Serviu lo ha reconocido en sus escritos”.
Postuló que “más que calificar el actuar de Pasmar y pedir que recapacitemos, debería ser un puente para que la autoridad también recapacite, se sienta a conversar con nosotros y exploremos una solución pensando en los vecinos, lo cual a la fecha no ha querido”.
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