En el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, se desarrolló recientemente la audiencia de alegatos, entre la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la empresa Ecopower.
Haciendo un repaso por los antecedentes, la firma interpuso una reclamación en contra de la resolución de la SMA del pasado 25 de abril, que invalidó el inicio de obras del proyecto Parque Eólico Chiloé (PECH) en la localidad de Mar Brava de Ancud, requiriendo además al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), declarar la iniciativa como caducada y sin posibilidad de concretarse.
En términos administrativos y de acuerdo a la información proporcionada por el Movimiento Salvemos Mar Brava, a sólo 3 días para que se cumpliera el plazo de 5 años para el vencimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la propuesta que pretende la instalación de 42 aerogeneradores en la península de Lacuy, la empresa presentó una carta ante la SMA dando cuenta de gestiones, actos y obras desarrolladas para solicitar la certificación del inicio de ejecución de los trabajos, la cual le es concedida con fecha 13 de noviembre de 2020, impidiendo que caducara la respectiva resolución.
De acuerdo a lo argumentado por el grupo activista y las comunidades del sector, la mencionada resolución de inicio de actividades contenía vicios de legalidad, producidos por la incorrecta apreciación de las fotografías aportadas por el titular.
En representación de Ecopower, Javier Naranjo, abogado de la parte reclamante, comentó que “solicitamos a este tribunal que nuestra reclamación sea acogida y que en definitiva se deje sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que invalidó nuestra acreditación de inicio y ejecución del proyecto”. Agregó que “el objeto de la litis (litigio) no es otro más que la Superintendencia de Medio Ambiente podía o no podía invalidar una resolución si han transcurrido más de los dos años que dispone el artículo 53 de la Ley 19.880”.
Sumó el jurista que “se han acompañado fotografías, videos, imágenes que son posteriores a la discusión que se tuvo el año 2020 cuando se acreditó el inicio y ejecución del proyecto, es decir son hechos nuevos, y no corresponden a la tramitación del procedimiento de invalidación”.
Por su parte, Katharina Buschmann, abogada de la SMA, expuso entre sus argumentos que “estamos ante un titular que mintió abiertamente a la administración cuando solicitó que se acreditara el inicio y ejecución de su proyecto, presentando fotografías adulteradas. La pregunta que cabe hacerse entonces es ¿si el titular, siendo esto así, se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico para llevar a cabo ahora su proyecto?”.
La jurista añadió que “más aún cuando el día de hoy (jueves) se cumplen exactamente tres años del vencimiento del plazo de caducidad ¿y qué hay del proyecto? Nada”.
Desde las comunidades, fundamentalmente del Movimiento Salvemos Mar Brava, una de sus integrantes Vanessa Durán, manifestó que esperan que la votación final por parte de los ministros sea positiva para los intereses de la zona.
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