Tras cuatro jornadas, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro dictó veredicto condenatorio en el marco de la investigación en contra de dos exdirectivos de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Ancud: el otrora secretario general de la entidad (64) y quien se desempañaba como director de finanzas del organismo (55).
En resolución unánime, la sala integrada por los magistrados Angélica Monsalve Vásquez (presidenta), Loreto Yáñez (redactora) y Leandro Bahamonde Hernández (integrante), tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito de malversación por distracción de caudales públicos como la participación culpable de los acusados en los hechos ocurridos en 2016.Ambos individuos ocuparon cargos durante la administración de la exalcaldesa Soledad Moreno (2012-2016). Precisamente fue al término del período consistorial de la esposa del también exalcalde Pablo Ossio (DC), cuando las docentes Cecilia Subiabre y Ramona Aravena, más la educadora de párvulos Aurelia del Carmen Guineo, se acogieron a retiro, pero recibieron cheques sin fondos para cobrar sus jubilaciones por parte del ente sostenedor.Precisamente ambos individuos, según se mencionó, emitieron cheques de la cuenta de “Educación” de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres, los que luego cobraron por las sumas de $28.632.062 y $15.662.050, respectivamente, actuación que atribuyeron en documentos generados y suscritos por ellos mismos al pago de sus propias indemnizaciones que estaban no cubiertas contablemente. Los dineros habían sido transferidos desde el Servicio de Salud de Chiloé a la cuenta corriente “Educación”.
Al respecto, el fiscal adjunto de Castro, Fernando Metzner, explicó que “estos hechos fueron acreditados en juicio con la prueba incorporada de la Fiscalía, fundamentalmente documental y testimonial. Relevante resultaron las declaraciones de los funcionarios fiscalizadores de Contraloría General de la República, quienes detectan inicialmente estas irregularidades”.Sumó el persecutor que de igual modo fue relevante “la declaración de los directivos de la administración municipal entrante a esa época y, por cierto, el testimonio de los profesores cuyos bonos de pago de incentivo al retiro no pudieron ser cancelados oportunamente, toda vez que dichos recursos, pese a ser transferidos por el Ministerio de Educación, los acusados los habían destinado a fines distintos”.La Fiscalía reiteró su solicitud de pena efectiva para ambos acusados. Respecto a las penas, se enfatizó en los 10 años y un día de presidio contra el educador, y 5 años y un día de reclusión contra el otro enjuiciado.El otro ente acusador es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En este contexto el abogado Rodrigo Tejos pide las sanciones más severas: una de 10 y otra de 13 años.La sentencia será leída el sábado 2 de septiembre.
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