La Contraloría Regional dio a conocer los resultados finales de la auditoría a la situación financiera y presupuestaria de la Municipalidad de San Pablo, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2025. El informe evidenció una serie de irregularidades que deberán ser subsanadas en un plazo de 60 días.
Entre los principales hallazgos se detectaron $3.700 millones en desorden financiero, asociados a movimientos de ingresos y egresos de nueve cuentas que no se encuentran debidamente respaldados ni registrados en la contabilidad municipal.
A esta situación se suma que exfuncionarios, entre ellos el exalcalde Juan Carlos Soto, mantenían autorizaciones vigentes para girar desde las cuentas corrientes del municipio.
El proceso de auditoría fue solicitado por el actual alcalde, Marco Carrillo, quien tras asumir el cargo el 6 de diciembre de 2024 impulsó diversas medidas para transparentar el estado real de la administración comunal, luego de dos períodos encabezados por Juan Carlos Soto.
Cabe señalar que la Contraloría General, en marzo de 2025, ya había establecido la responsabilidad del exjefe comunal Juan Carlos Soto Caucau en la crisis de la educación pública de San Pablo. Esto, mediante un sumario administrativo iniciado en 2022, que constató el no pago de obligaciones previsionales al personal docente y asistentes de la educación, entre otras irregularidades, lo que configura un incumplimiento de los deberes del alcalde y una vulneración a los principios de eficiencia, eficacia y control jerárquico.
Esta problemática en el sistema educativo local se originó con una deuda de arrastre de $56 millones en 2017, la cual fue aumentando hasta llegar a $1.400 millones en 2024 y que actualmente supera los $3 mil millones, debido a intereses por mora, procesos judiciales y deuda castigada, entre otros factores. Ello ocurre pese a los esfuerzos de la actual administración por mantener al día las cotizaciones, aunque la falta de recursos hace imposible regularizar la totalidad de lo adeudado.
Esta evaluación de la situación financiera y presupuestaria de la Municipalidad de San Pablo, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2025, tuvo por objetivo analizar el proceso de ejecución y control presupuestario, junto con la administración de las cuentas corrientes bancarias, la composición de sus saldos y la concordancia de las conciliaciones bancarias.
El documento detalla que, al 30 de junio de 2024, se constató un saldo acreedor consolidado de $3.753 millones, de los cuales $3.234 millones ya figuraban como saldo acreedor consolidado durante el mismo año.
El texto también señala que la Contraloría Regional, durante los años 2022, 2023 y 2024, solicitó mediante oficios al municipio de San Pablo informar sobre la existencia de un saldo acreedor, sin obtener respuesta desde la casa edilicia. En este contexto, el organismo contralor solicitó adoptar medidas para regularizar las cuentas, además de instruir un procedimiento disciplinario con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Fuente: soychile.cl
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