Contraloría precisó que identificó 6.311 casos en que empleados fiscales desempeñaron funciones para empresas durante un permiso médico, recibiendo ambos salarios.
La Contraloría dio a conocer ayer nuevos casos de usos irregulares de licencias médicas por parte funcionarios del servicio público. En este caso se revelaron 6.311 casos en que empleados fiscales que estaban con reposo desempeñaron de todas formas labores en el sector privado.
En la cuenta pública del órgano fiscalizador la contralora Dorothy Pérez dio a conocer que un nuevo informe detallará las situaciones de “personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”.
Pérez comentó que “detectamos 6.311 casos de personas que estaban recibiendo al mismo tiempo renta por actividad que hicieron en ese periodo en dos o en tres trabajos. Pero a los privados podían ir, ahí no presentaron licencia y a los públicos sí podían aceptarse”.
La fiscalización es parte de la ofensiva contra el mal uso de licencias en el sector público revelada en mayo de 2025. Ayer la contralora señaló que han identificado 55.933 casos irregulares, que incluyen viajes al extranjero, con más de 25 mil, y otras conductas de funcionarios públicos incompatibles con el reposo.
Pérez dijo que en el marco de la recuperación de fondos del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), para los casos de licencias médicas se han rechazado un 96% de las solicitudes de condonación y que a su vez por estos más de 55 mil casos de licencias médicas presuntamente irregulares se realizaron a la fecha 13.074 sumarios, que se informaron en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).
De todas formas advirtió que 723 entidades aún no reportan avances en los sumarios y 344 de ellos ya terminaron. “93 funcionarios fueron destituidos en esos procedimientos y 77 personas fueron cesadas en su cargo por término de contrato”, precisó.
Asimismo, dijo que una vez que se conocieron estos casos “más de 1.000 personas renunciaron durante la primera semana”, por lo que “se fueron sin responsabilidad administrativa”.
Ante esta situación llamó a avanzar en cambios legales. “Pedimos a las autoridades colegisladoras que evalúen dar urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que está en la comisión de Gobierno Interior actualmente y que faculta a la Contraloría a sancionar a los funcionarios (…) cuando han renunciado y durante los seis meses siguientes”, señaló.
Sitio:Soychile.cl
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